Tema 13 Flashcards
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada establece para la obtención de las habilitaciones profesionales, a los aspirantes a vigilantes de seguridad, los siguientes requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
c) Tener la nacionalidad española, el día de la entrevista personal.
b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
Las infracciones de las normas contenidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, podrán ser:
a) Leves, menos graves y graves.
b) Leves, graves y muy graves.
c) Menos graves, graves y muy graves.
b) Leves, graves y muy graves.
Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses, las graves al año y las muy graves a los 2 años
Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso, formalizarse por escrito. ¿A quién debe comunicarse su celebración según establece la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada?
a) Al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos.
b) Al Ministerio del Interior o, en su caso, a la Dirección General de la Policía con antelación a la iniciación de los mismos.
c) Al Ministerio del Interior, a través del Secretaría de Estado de Seguridad con antelación a la iniciación de los mismos.
a) Al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos.
Los despachos de detectives privados necesitaran para el desarrollo de su actividad:
a) La autorización administrativa.
b) La autorización administrativa o una declaración responsable.
c) Una declaración responsable.
c) Una declaración responsable.
¿Quién adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) La Dirección General de la Policía.
b) La Dirección General de la Guardia Civil.
c) El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente.
c) El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente.
¿Quiénes podrán desarrollar los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades contempladas en el artículo 5.1.a )?
a) Los despachos de detectives privados.
b) Los escoltas privados.
c) Los vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.
b) Los escoltas privados.
Los servicios de investigación privada se ejecutarán con respeto a los principios de:
a) Oportunidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
b) Razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
c) razonabilidad, necesidad, idoneidad y seguridad.
b) Razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
La falta de realización o el resultado negativo de un ejercicio de tiro por parte de los vigilantes de seguridad podrá dar lugar a:
a) La suspensión temporal de la correspondiente tarjeta de identidad personal y de la guía de pertenencia hasta que el ejercicio se realice con resultado positivo.
b) La suspensión temporal de la correspondiente licencia de armas hasta que el ejercicio se realice con resultado positivo.
c) La suspensión temporal de la correspondiente tarjeta de identidad personal y de la guía de pertenencia por un periodo de un año.
b) La suspensión temporal de la correspondiente licencia de armas hasta que el ejercicio se realice con resultado positivo.
- Los vigilantes de seguridad que presten servicios con armas deberán realizar un ejercicio de tiro obligatorio al semestre, y los demás que puedan prestar dichos servicios, por estar en posesión de las correspondientes licencias de armas, aunque las mismas se encuentren depositadas en las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil, un ejercicio de tiro obligatorio al año. En ambos casos, se efectuará el número de disparos que se determine por el Ministerio del Interior. No deberán transcurrir más de ocho meses entre dos ejercicios sucesivos de los primeros, ni más de catorce meses entre dos ejercicios sucesivos de los segundos.
La falta de realización o el resultado negativo de un ejercicio de tiro podrá dar lugar a la suspensión temporal de la correspondiente licencia de armas hasta que el ejercicio se realice con resultado positivo.
- Si fuere necesario, para los ejercicios obligatorios de tiro de los vigilantes que no tuviesen asignadas armas, se trasladarán por el jefe o responsable de seguridad de la empresa las que ésta posea con tal objeto, efectuándose el traslado con la protección de un vigilante armado, yendo las armas descargadas y separadas de la cartuchería, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Armas.
¿Quién adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) La Dirección General de la Policía.
b) La Dirección General de la Guardia Civil.
c) El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente.
c) El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente.
¿Cuál de las siguientes funciones les corresponde a los directores de seguridad?
a) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
b) La supervisión de la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable.
c) La responsabilidad sobre la custodia y el traslado de armas de titularidad de la empresa a la que
a) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
¿Cuáles son órganos consultivos y de colaboración entre las administraciones públicas y los representantes del sector privado?
a) Las Comisiones locales de seguridad privada.
b) Las Comisiones mixtas de seguridad privada.
c) Las Comisiones interprovinciales de seguridad privada.
b) Las Comisiones mixtas de seguridad privada.
- El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado se constituirán comisiones mixtas de seguridad privada, nacionales, autonómicas o provinciales, con el carácter de órganos consultivos y de colaboración entre las administraciones públicas y los representantes del sector. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente.
- En las comunidades autónomas que tengan asumidas las competencias en materia de seguridad privada de conformidad con lo establecido en el artículo 13, también podrán existir órganos consultivos en materia de seguridad privada, con la composición y funcionamiento que en cada caso se determine.
¿A quién le corresponde la autorización de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones, así como la recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, cuando, en ambos casos, tengan su domicilio en la comunidad autónoma y su ámbito de actuación esté limitado a su territorio?
a) A la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
b) A las Comunidades Autónomas.
c) Ambas respuestas son correctas
a) A la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
No todas las Comunidades Autónomas tienen esas competencias, solo las que tengan competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público.
¿Quiénes serán responsables de la conservación, mantenimiento y buen funcionamiento de las armas?
a) Los vigilantes de seguridad.
b) Los jefes y directores de seguridad.
c) Las empresas de seguridad.
c) Las empresas de seguridad.
- Las empresas de seguridad serán responsables de la conservación, mantenimiento y buen funcionamiento de las armas, y los vigilantes, de la seguridad, cuidado y uso correcto de las que tuvieran asignadas, durante la prestación del servicio.
- De la obligación de depositar el arma en el armero del lugar de trabajo serán responsables el vigilante y el jefe de seguridad, y de la relativa a depósito en el armero de la empresa de seguridad, el vigilante y el jefe de seguridad o director de la empresa de seguridad.
- Del extravío, robo o sustracción de las armas, así como, en todo caso, de su ausencia del armero cuando deban estar depositadas en el mismo se deberá dar cuenta inmediata a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
¿Las disposiciones de esta Ley de Seguridad Privada a quienes se les puede aplicar?
a) A las empresas de seguridad privada, al personal de seguridad privada, a los despachos de detectives.
b) A los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad, a las empresas de seguridad privada, al personal de seguridad privada y a los despachos de detectives.
c) La b, y además a los contratos celebrados en este ámbito.
c) La b, y además a los contratos celebrados en este ámbito.
¿Quién es competente para imponer las sanciones por infracciones graves a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada?
a) El Director General de la Policía.
b) El Director General de la Guardia Civil, en relación con los guardas particulares de campo y centros y cursos de formación exclusivos para este personal.
c) Ambas respuestas son correctas.
a) El Director General de la Policía.
- En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora corresponderá:
a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de extinción de las autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables.
b) Al Secretario de Estado de Seguridad, para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves.
c) Al Director General de la Policía, para imponer las sanciones por infracciones graves.
Cuando, en el curso de las inspecciones por parte de la Guardia Civil de los cursos para guardas rurales, impartidos por centros de formación no exclusivos de éstos, se detecten posibles infracciones, la sanción corresponderá al Director General de la Policía.
d) Al Director General de la Guardia Civil, para imponer las sanciones por infracciones graves en relación con los guardas rurales y centros y cursos de formación exclusivos para este personal.
e) A los Delegados y a los Subdelegados del Gobierno, para imponer las sanciones por infracciones leves.
- En el ámbito de las comunidades autónomas con competencia en materia de seguridad privada, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de los órganos que se determinen en cada caso.
- Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en la legislación de procedimiento administrativo y en la de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las empresas de seguridad privada tienen la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de:
a) Establecimiento.
b) Actuación.
c) Publicidad.
a) Establecimiento.
A las empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales receptoras de alarma se las podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, excepto:
a) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad penal o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
b) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas, para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la empresa.
c) Ambas respuestas son correctas
b) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas, para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la empresa.
A las empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales receptoras de alarma se las podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos, excepto los contemplados en los párrafos e) y f) del apartado 1, cuando así se determine reglamentariamente.
e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas, para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la empresa.
La negativa por parte del personal que desempeñe funciones de seguridad privada de prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan, es una infracción:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
c) Muy grave.
De acuerdo con la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, la autorización o recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas corresponde a:
a) A la Administración General del Estado
b) A través del Ministerio del Interior
c) Ambas respuestas son correctas
c) Ambas respuestas son correctas
En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora por infracciones muy graves, según la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, le corresponde a:
a) Secretario de Estado de Seguridad.
b) Al director de la Policía.
c) La respuesta a. es correcta y también al Ministro del Interior.
c) La respuesta a. es correcta y también al Ministro del Interior.
El color y la composición general del uniforme de los vigilantes de seguridad deberá estar aprobado previamente por:
a) Dirección General de la Policía.
b) La repuesta a es correcta, y en el ámbito de la Guardia Civil, esta será la competente.
c) Ninguna es correcta.
a) Dirección General de la Policía.
No es una obligación general para que una empresa de Seguridad Privada pueda desarrollar su actividad:
a) Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.
b) Garantizar la formación y actualización profesional del personal de seguridad privada.
c) Comunicar al Registro Nacional o autonómico correspondiente todo cambio que se produzca en cuanto a su forma jurídica, denominación, así como las altas y bajas de personal.
a) Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.
No es una obligación, es un requisito.
