Tema 9. La responsabilidad patrimonial de las AAPP Flashcards
Regulación del procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Art. 96. LPAC. Si una vez iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación del procedimiento simplificado.
Todo procedimiento simplificado deberá ser resuelto en 30 días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
En materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas,
teniendo en cuenta la regulación prevista en el artículo 34 de la Ley 40/2015 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, indique:
A. ¿Qué lesiones son resarcibles?.
B. Criterios de valoración y modo de cálculo de la indemnización.
C. Modalidad de pago.
A. Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar.
B. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa, y demás normas aplicables ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.
C. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuada para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
En relación con la responsabilidad patrimonial, exponer cómo se fija en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público en el caso de responsabilidad concurrente de
varias Administraciones Públicas.
Según el artículo 33 de la citada ley, dispone:
1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La
responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.
3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.
4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la
Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá
consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de
quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas: plazos de reclamación, modos de inicio, órgano competente para resolver
en la Administración del Estado, recursos en vía administrativa y efectos del silencio
administrativo.
● El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños que carácter
físico o psíquico, a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación
o la determinación del alcance de las secuelas (art. 67 LPAC).
● Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por la reclamación de los interesados.
● Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro
respectivo, el Consejo de Ministros si una ley así lo dispone o por los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las entidades que integran la Administración Local. Cuando su norma de creación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda de las entidades de derecho público.
● La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin a la vía administrativa y por tanto el interesado podrá interponer contra la misma recurso
potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo.
● Si no recae resolución expresa en 6 meses desde el inicio del procedimiento, se
podrá entender desestimada la solicitud de indemnización.
Responsabilidad patrimonial de los daños y perjuicios causados a las Administraciones Públicas por sus autoridades y demás personal a su servicio.
Art. 36. LRJSP. Para hacer efectiva la responsabilidad por los daños y perjuicios causados por las autoridades y demás personal al servicio de las Administraciones Públicas se exigirá directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones.
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio, la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes
criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la
responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás
personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves.
La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.
En cuanto a la responsabilidad penal, se exigirá de acuerdo con la legislación
correspondiente.
La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de
responsabilidad patrimonial.
Requisitos exigidos en el artículo 32.5 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público para que sea indemnizable, como responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, una lesión que sea consecuencia de una norma declarada
contraria al Derecho de la Unión Europea.
Art. 32.5 LRJSP. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:
A. B. La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
C. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión
Europea y el daño sufrido por los particulares.
