Tema 008 - El procedimieto administrativo Flashcards
¿Qué ley regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades?
La Ley 40/2015
La Ley 40/2015 establece que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. ¿Qué principios deberán respetar?
- Servicio efectivo a los ciudadanos.
- Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
- Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
- Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
- Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
- Responsabilidad por la gestión pública.
- Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
¿Qué se exigirá para la creación de cualquier órgano administrativo?
- Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- Delimitación de sus funciones y competencias.
- Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
- Comprobación previa de duplicidad. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos.
Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Para la administración consultiva se podrán articular órganos consultivos. ¿Podrán tener estos órganos consultivos la misma estructura jerárquica que los órganos administrativos?
No. La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa.
También a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.
Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. ¿Cómo deberá ser aprobada la delegación de competencias?
En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios.
¿Qué competencia no podrán ser delegadas en ningún caso?
- Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
- La adopción de disposiciones de carácter general.
- La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
- Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
- Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, ¿Quién podrá ejercer dicha avocación?
En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.
¿En qué casos la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración?
Siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño
¿Qué ley regula el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
Ley 39/2015
¿Qué tres funciones se considera que debe cumplir el procedimiento administrativo?
- Permite a la Administración realizar las funciones que tiene encomendadas por ley.
- Asegura que la Administración actúa de conformidad con una serie de normas y por lo tanto es garantía de los derechos de los ciudadanos.
- Permite la intervención de los ciudadanos en la actuación administrativa, por lo que se configura como un mecanismo de participación democrática.
¿Qué principios inspiran el funcionamiento del procedimiento administrativo?
*Principio de contradicción, que supone la necesaria llamada al procedimiento de quienes ostenten derechos o intereses que puedan ser afectados por la resolución, para que puedan personarse en el procedimiento, recogido en el artículo 75 de la Ley 39/2015.
* Principio de economía procesal, que supone reducir al máximo los trámites del procedimiento para cortar su excesiva dilación, recogido en el artículo 71 de la Ley 39/2015.
* Principio de in dubio pro actione, según el cual, en caso de duda, esta debe resolverse en el sentido más favorable a la continuación del procedimiento hasta su conclusión.
* Principio de oficialidad, consistente en que el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites, recogido en el artículo 71 de la Ley 39/2015.
* Principio de exigencia de legitimación, consistente en la necesidad de legitimación, ostentando un derecho subjetivo o un interés legítimo, para poder intervenir en un procedimiento administrativo, recogido en el artículo 4 de la Ley 39/2015.
* Principio de imparcialidad en la tramitación y resolución del procedimiento, que se garantiza mediante las técnicas de abstención y recusación de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.
* Principio de publicidad que permite, en caso de que la naturaleza del procedimiento lo requiera, abrir plazos de información pública (art. 71 y 75 de la Ley 39/2015).
* Principio de gratuidad para iniciar el procedimiento al haberse suprimido la póliza o reintegro en las solicitudes de iniciación del procedimiento.
* Principio de ausencia de postulación, que permite actuar en el procedimiento administrativo, dada su simplicidad, sin necesidad de abogado y procurador.
Sobre el cómputo de plazos, ¿Qué se entiendo por día hábil?
Todos los días, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
¿Qué derechos tiene un interesado en el procedimiento administrativo, según la Ley 39/2015?
*A conocer en cualquier momento:
* el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados
* el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo
*el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución
los actos de trámite dictados
*los actos de trámite dictados
*derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.
*el Punto de Acceso General electrónico de la Administración
* A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
* A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
* A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
* A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
* A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
* A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
* A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.
* Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
* A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
* A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
¿Cuáles son las 4 fases del procedimiento administrativo según la Ley 39/2015?
Iniciación (Capítulo II), ordenación (Capítulo III), instrucción (Capítulo IV) y finalización (Capítulo V)
Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento. ¿En qué plazo deberá iniciarse el procedimiento para que no queden sin efecto tales medidas?
Dentro de los quince días siguientes a su adopción
Según la Ley 39/2015, en el procedimiento administrativo se pueden establecer medidas provisionales. Las medidas provisionales se extraerán de entre las previstas en laLey 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. ¿Cuáles serían?
a)Suspensión temporal de actividades.
b)Prestación de fianzas.
c)Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.
d)Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
e)El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
f)La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.
g)Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
h)La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.
i)Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.
Según la Ley 39/2015, artículo 58, los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente. ¿Cuáles podrían ser los motivos?
- Por propia iniciativa
- Por orden superior
- Por petición razonada de otros órganos
- Por denuncia
Según la Ley 39/2015, cualquier persona puede poner en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, ¿Qué ventajas obtiene el denunciante?
El órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.
Según la Ley 39/2015, artículo 63, ¿Qué tres especialidades relacionadas con los procedimientos de naturaleza sancionadora se regulan?
- Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
- En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.
- No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
Según la Ley 39/2015, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado, ¿Qué seis puntos debe contener al menos el acuerdo de iniciación?
- Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
- Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
- Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
- Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85.
- Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.
- Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Según la Ley 39/2015, el acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares presuntamente lesionados. ¿Qué plazo se les concede para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo?
Un plazo de diez días. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.
Según la Ley 39/2015, ¿Quiénes tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?
- Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
- Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
- Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
Según la Ley 39/2015, ¿Quiénes se consideran interesados en el procedimiento administrativo?
- Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Según la Ley 39/2015, sobre la Iniciación del procedimiento a solicitud del interesado, ¿Qué requisitos objetivos deberán contener las solicitudes que se formulen?
- Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
- Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
- Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
- Lugar y fecha.
- Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.
Según la Ley 39/2015, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. ¿Cuándo prescribe el plazo?
Al año:
El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
Según la Ley 39/2015, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos obligatorios, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. ¿Cuál es el plazo?
Un plazo de diez días. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
Según la Ley 39/2015, ¿Qué contendrá un expediente administrativo?
Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
Cuando haya que enviar el expediente electrónico, se hará según lo dispuesto en el ENS y en las distintas NTIs, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
Según la Ley 39/2015, y relativo al cumplimiento de trámites, ¿Qué plazo tienen los interesados para cumplimentar los trámites?
Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
Según la Ley 39/2015, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba. ¿Cuáles son los plazos?
Un plazo de entre diez y treinta días, para practicar las pruebas que sean pertinentes. El instructor, a petición de los interesados, puede ampliar el plazo diez días más.
Según la Ley 39/2015, ¿En qué casos la Administración podrá exigir el anticipo de los gastos de una prueba?
En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración.
¿Qué se entiende por informes Preceptivos?
Son aquellos que han de solicitarse y evacuarse en un expediente por exigirlo una disposición legal. En este caso deberá indicarse en la solicitud el precepto que exija su petición.
¿Qué se entiende por informes Facultativos?
Son aquellos que se solicitan para llegar a una adecuada resolución, pero sin imponerlo una disposición. En este caso se deberá fundamentar la conveniencia de reclamarlos.
Según la Ley 39/2015, y en relación a la Emisión de informes, ¿Cómo serán los informes, salvo disposición expresa en contrario?
Los informes serán facultativos y no vinculantes
Según la Ley 39/2015, en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. ¿Cuál es el plazo máximo de emisión?
Diez días
Según la Ley 39/2015, ¿A partir de qué cuantía será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado?
Cuantía igual o superior a 50.000 euros, así como en aquellos casos que disponga laLey Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado
Según la Ley 39/2015, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. ¿En qué plazo se emitirá el dictamen?
El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses.
En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial (plazo máximo: dos meses). El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.
Según la Ley 39/2015, sobre el trámite de audiencia, ¿Qué plazo tienen los interesados para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes?
Un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
Según la Ley 39/2015, sobre la Terminación en los procedimientos sancionadores, si el infractor reconoce su responsabilidad, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones. ¿De qué cuantía?
De al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
Según la Ley 39/2015, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, ¿Qué plazo tendrán dichas actuaciones complementarias y qué plazo tendrán para formular las alegaciones los interesados?
Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días.
Los interesados tendrán un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas.
Según la Ley 39/2015, la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. ¿Qué plazo tendrán los interesados?
Un plazo no superior a quince días
Según la Ley 39/2015, el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna circunstancias especial. ¿Cuáles son estas cinco circunstancias?
- La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
- Cuando lo hechos no resulten acreditados.
- Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
- Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.
- Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.
Según la Ley 39/2015, sobre la resolución en los procedimientos sancionadores, en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes. ¿Cuál sería el plazo?
Plazo de quince días.
Según la Ley 39/2015, cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. ¿Cuándo finalizará dicha suspensión cautelar?
Cuando:
* Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.
* Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:
◦ No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.
◦ El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.
Según la Ley 39/2015, sobre la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuánto tiempo tendría que transcurrir desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa para entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular?
Seis meses
Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento transcurrido un plazo. ¿Cuál es el plazo?
Tres meses.
No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
Según la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. ¿Cuál será el plazo si no existe norma con rango de Ley establezca uno mayor?
El plazo no podrá exceder de seis meses.
Según la Ley 39/2015, relativo al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo. ¿Cuáles son las excepciones?
El silencio tendrá efecto desestimatorio en casi todos los casos:
* en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere elartículo 29 de la Constitución
*aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público
*impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente
*en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
*en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados (salvo en recursos de alzada por silencio que no se refiera a los puntos anteriores)
Según la Ley 39/2015, sobre la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio, ¿Qué efectos tiene el silencio administrativo?
- En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.
Según la Ley 39/2015, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, ¿Por qué medios?
- Apremio sobre el patrimonio.
- Ejecución subsidiaria.
- Multa coercitiva.
- Compulsión sobre las personas.
Según la Ley 39/2015, ¿para qué requerirán las Administraciones Públicas a los interesados el uso obligatorio de firma?
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
Según la Ley 39/2015, respecto a la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, ¿cuánto tiempo?
Diez días naturales
¿A quién corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
a) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
b) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales
c) Al Gobierno de la Nación
d) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, a los órganos de gobierno locales y a las entidades del sector público institucional
B
¿Dónde debe publicarse la orden de creación de una sede electrónica?
a) En la página web del organismo correspondiente
b) No es necesaria ninguna publicación
c) En el Boletín Oficial del Estado
d) En el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede
D
Deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento:
a) el órgano competente para la iniciación del procedimiento
b) el órgano competente para la instrucción del procedimiento
c) el órgano competente para la tramitación del procedimiento
d) el órgano competente para la terminación del procedimiento
C
La creación de organismos autónomos, está relacionada con el principio de:
a) Únicamente con el de eficacia y jerarquía.
b) Con el de descentralización.
c) Con el de desconcentración.
d) Con el de coordinación y desconcentración.
B
Según el principio de descentralización funcional (de una admon a otra) recogido en el Art. 54 Ley 40/2015
