ÁREA 1: Tema 6.I La Administración Pública. Flashcards
Introducción
Con carácter general, podemos definir Administración Pública como el conjunto de órganos con personalidad jurídica propia que llevan a cabo la función administrativa y de gestión de los intereses públicos.
La Administración Pública no es por tanto representante de la comunidad −como ocurre con las Cortes Generales−, sino una organización puesta su servicio.
La AP viene regulada, junto al Gobierno, en el Título IV de la CE 1978. Los principios constitucionales por los que debe regirse su organización y funcionamiento vienen desarrollados en el art.103 de la CE, que establece que “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”
Así, la CE, al referirse a la Administración, además de subrayar como primera nota definitoria su carácter servicial, determina su condición de subordinada o sometida plenamente a la Ley y al Derecho. También establece que los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
Principios constitucionales
Entrando en el detalle de los diferentes principios constitucionales, es posible destacar que:
El principio de eficacia hace referencia al logro o consecución por parte de la Administración pública de fines u objetivos de interés general, cuidando también el respeto a unos estándares de calidad y en el marco de una buena gestión económica.
El principio de jerarquía supone la prevalencia del órgano superior sobre los inferiores, de manera que los superiores dirigen a los inferiores, quienes a su vez tienen el deber de obediencia, respeto y acatamiento de órdenes de los órganos superiores.
De acuerdo con el principio de descentralización, se posibilita el traslado de funciones de una organización a otra, permitiendo así una gestión más cercana al ciudadano. La descentralización puede ser territorial (si se produce la distribución desde la AGE hacia otras administraciones territoriales tales como CCAA o municipios) o funcional (si se transfiere el ejercicio de determinadas funciones a otras organizaciones dentro de la AGE).
La desconcentración supone transferir la titularidad y el ejercicio de competencias de un
órgano superior a un órgano inferior, pero siempre dentro de un mismo ente público y sin
perder la responsabilidad jurídica de los asuntos que son objeto de desconcentración. La
desconcentración se realiza entre órganos en sentido vertical descendente y tiene vocación de permanencia, esto es, no se realiza para un asunto concreto.
Por último, la existencia de diferentes Administraciones públicas puede dar lugar a la
posible existencia de duplicidades, e incluso contradicciones, lo que hace necesaria la
aplicación del principio de coordinación para lograr la unidad de actuación entre las diferentes Administraciones.
Completando los principios constitucionales, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo aplicable
a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la AGE. Esta
ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las
Administraciones.
Ley 40/2015, donde se recogen los principios que
deberán respetar las administraciones públicas en su actuación y relaciones
Es por tanto en la Ley 40/2015, y en particular en su art. 3, donde se recogen los principios que
deberán respetar las administraciones públicas en su actuación y relaciones, que son:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades de
gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de
las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas
Tienen la consideración de Administraciones Públicas, a efectos de la Ley 40/2015, la
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las
Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 estructura básica
Asimismo, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público recoge los principios de organización y funcionamiento de todo el Sector Público, incluida la Administración General del Estado (AGE). Esta Ley deroga a la Ley 6/97 de organización y funcionamiento de la administración general del estado (LOFAGE). La estructura básica de la Ley 40/2015 es:
Título preliminar: principios de organización y funcionamiento del sector público
Título I: Administración General del Estado
Título II: Organización y Funcionamiento del Sector Público Institucional
Título III: Relaciones Interadministrativas
En su Título preliminar, la Ley 40/2015 establece los principios de organización y funcionamiento del Sector Público, entendido como tal:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) La Administración Local.
d) El sector público institucional. De este último nos ocuparemos después.
Organización de la AGE
Centrándonos en la AGE, como hemos dicho el Título I de la Ley 40/2015 regula la estructura de la AGE, que responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. La AGE comprende:
a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes, que extienden su competencia a todo el territorio nacional.
b) La Organización Territorial, constituida por órganos que extienden su competencia exclusivamente a una parte del territorio
c) La Administración General del Estado en el exterior.
En la organización central de la AGE son órganos superiores y órganos directivos:
a) Órganos superiores: Los Ministros y los Secretarios de Estado.
b) Órganos directivos:
1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales.
2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
3.º Los Subdirectores generales.
Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.
También se regula la estructura de los Ministerios, en los que pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías Generales para la gestión de un sector de actividad administrativa, y al menos una Subsecretaría y una Secretaría General Técnica que dependa de ella para la gestión de los servicios comunes.
La determinación del número, denominación y ámbito de competencias de los Ministerios se establecen mediante RD del Presidente del Gobierno. La composición actual se estableció a principios de 2020, quedando configurada en 22 departamentos ministeriales. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas y se organizan en Subdirecciones Generales.
En los Ministerios existen también servicios comunes, encargados del asesoramiento, el apoyo técnico y las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística y publicaciones.
Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general.
Funcionamiento de la AGE
De acuerdo con la Ley 40/2015, bajo la dirección del Gobierno de la Nación, la actuación de la Administración Pública en general, y de la AGE en particular, se desarrolla para alcanzar los objetivos que establece el ordenamiento jurídico.
Las Administraciones Públicas se deben relacionar entre sí a través de medios electrónicos.
Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.
La Administración General del Estado Periférica
La AGE periférica comprende las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las CCAA. Existe una Delegación del Gobierno por cada CA y una Subdelegación del Gobierno por cada provincia, ambas adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
En la organización territorial de la AGE son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, que tendrán rango de Subdirector general. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva CCAA, dirigen y supervisan la AGE en su territorio, y coordinan a la AGE con las administraciones de las CCAA y las Entidades Locales radicadas en la Comunidad. Están adscritas orgánicamente al Mº de Política Territorial y se organizan en áreas funcionales.
Los servicios territoriales de la AGE en la CCAA se organizarán en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno:
- Servicios Integrados: son los servicios territoriales de la AGE que se integran en la Delegación del Gobierno o en la Subdelegación correspondiente y dependen de éstas.
- Servicios no integrados: son aquellos servicios que por la singularidad de sus funciones resulta más conveniente que dependan directamente de los órganos centrales. Ej: AICA, AEMET.
La Administración en el exterior
La Administración en el exterior, que se encuadra en el denominado Servicio Exterior del Estado, se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 40/2015. El Servicio Exterior del Estado está integrado por los órganos, unidades administrativas, instituciones y medios humanos y materiales de la AGE que actúan en el exterior, bajo la dependencia jerárquica del Embajador y orgánica y funcional de los respectivos Departamentos ministeriales.
En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.
Corresponde al Servicio Exterior del Estado aportar elementos de análisis y valoración necesarios para que el Gobierno formule y ejecute su Política Exterior, desarrolle su acción exterior, y coordine la de todos los sujetos que intervienen en la Acción Exterior del Estado; así como promover y defender los intereses de España en el exterior. Asimismo, le corresponde prestar asistencia y protección y facilitar el ejercicio de sus derechos a los españoles en el exterior, y prestar asistencia a las empresas españolas en el exterior.
En el ejercicio de sus funciones, el Servicio Exterior del Estado actúa conforme a las normas del derecho interno español, del derecho de la Unión Europea, del derecho internacional y del derecho de los Estados extranjeros en los que actúa.
El servicio exterior del Estado se organiza en
El Servicio Exterior del Estado se organiza en:
Misiones Diplomáticas Permanentes: representan a España ante uno o varios Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas.
Representación Permanente ante la Unión Europea y otras organizaciones internacionales: representan a España ante la Unión Europea o una Organización Internacional.
La Misión Diplomática o Representación Permanente se integra por:
a) La Jefatura de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente.
b) La Cancillería Diplomática.
c) Las Consejerías, Agregadurías, u Oficinas sectoriales.
d) En su caso, la Sección de Servicios Comunes.
De entre estos órganos cabe destacar en relación al Ministerio de Agricultura las Consejerías y Agregadurías, que son órganos técnicos especializados que, bajo la dependencia jerárquica del Embajador, le prestan asesoramiento y apoyo técnico y asisten a éste y a la Misión en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional de sus respectivos Departamentos a los que corresponde su organización interna y dotación presupuestaria. Así, existe una red de consejerías y agregadurías de agricultura, pesca y alimentación en el exterior, adscritas al Ministerio de Agricultura, que representan las competencias del ministerio, tanto de carácter institucional como técnico, en dichos países. Dependen orgánica y funcionalmente de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios, manteniendo, en todo caso, una dependencia jerárquica del Embajador. Al frente de cada Consejería hay un Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, asistido por los agregados. Existen 18 oficinas con representación ante 41 países y ante 4 Organismos Internacionales.
Las actuaciones de la Administración en el exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental se orientan a la promoción de los productos y servicios agroalimentarios y pesqueros españoles, a la apertura de nuevos mercados para éstos y a la remoción de los obstáculos comerciales o sanitarios a los mismos, ajustándose a los objetivos establecidos en la política agroalimentaria y pesquera y a los compromisos que, en su caso, se deriven de las estrategias de la Unión Europea, así como a la promoción de la acción internacional en materia medioambiental y de los productos y servicios medioambientales españoles.
La planificación y el seguimiento de estas actuaciones se lleva a cabo a través de la Estrategia de Acción Exterior y del Informe de Acción Exterior.
El sector público institucional
Por último, de acuerdo con la Ley 40/2015, el Sector Público Institucional está integrado por:
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, los cuales se clasifican en:
1. Organismos autónomos, como el FEGA o ENESA en el MAPA.
2. Entidades públicas empresariales.
3. Agencias estatales, como la AEMPS en el Mº de Sanidad.
b) Las entidades de derecho privado dependientes de las Administraciones Públicas, como son las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, y las fundaciones del sector público. Es el caso por ejemplo de MERCASA, TRAGSA o la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA).
c) Las Universidades públicas no transferidas.
Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.
b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.
Existe un Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, un registro público que contiene información de todas las entidades integrantes del sector público institucional.
Conclusión
Como he mencionado anteriormente, la Constitución Española establece en su artículo 103 que “la Administración Pública servirá con objetividad los intereses generales y actuará de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
El conocimiento de la normativa que regula la organización y funcionamiento de la administración pública, así como de los principios constitucionales en los que se fundamenta, son elementos fundamentales para que los empleados públicos hagan cumplir dicho precepto constitucional.
