TEMA 12 - La Transición Flashcards
completo
La situación política tras la muerte de Franco. Identificación de los retos, logros y difcultades del establecimiento de la democracia.
12.1
Tras la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975), existían tres alternativas políticas. Los continuistas (el denominado búnker: falangistas, Consejo del reino y el sector más reaccionario del Ejército) defendían mantener la dictadura bajo una monarquía autoritaria. Los reformistas proponían una transición legal hacia una monarquía constitucional, reformando las Leyes Fundamentales. Por último se encontraban los partidarios de una ruptura que liquidara la legalidad franquista e instaurar una democracia occidental. La transición fue impulsada por Juan Carlos I, quien apoyó el reformismo, respaldado por la mayoría de las organizaciones sociales. Juan Carlos I fue coronado en 1975 y en su primer discurso manifestó su deseo de ser el rey de todos los españoles, y ratificó a Arias Navarro como presidente. Sin embargo, su falta de reformas unió a la oposición y la ciudadanía exigió la democracia. Por ello, el rey le destituye por Adolfo Suárez (1976), quien redacta la Ley para la Reforma Política, ley fundamental en la que estableció medidas transformadoras del Régimen hacia un sistema democrático. Además, inició negociaciones con la oposición, legalizando los partidos, entre ellos el PCE, concediendo la amnistía política y convocando elecciones para junio de 1977.
Estas fueron las primeras elecciones libres desde 1936. Ganó por mayoría simple la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez. La segunda fuerza fue el PSOE de Felipe González. Tras las elecciones, Suárez formó un Gobierno que llevó a cabo tres importantes medidas: La elaboración de la Constitución de 1978, los Pactos de la Moncloa (acuerdo entre partidos, patronales y sindicatos para hacer frente a la crisis económica) y la descentralización territorial (restablecimiento de la Generalitat).
Aprobada la Constitución, Suárez convocó nuevas elecciones para marzo de 1979 que volvió a ganar UCD. La legislatura estuvo marcada por la crisis económica y la presión de la oposición, militares y el terrorismo. En febrero de 1981 dimitió y la UCD propuso como nuevo presidente a Leopoldo Calvo Sotelo, pero durante su investidura, el 23 de febrero, el general Tejero dio un golpe de Estado. Este, sin embargo, fracasó por la actitud del rey y el escaso apoyo del Ejército. Las principales medidas del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo fueron la Ley del Divorcio y la solicitud de ingreso de la OTAN. Convocó elecciones a finales de 1982, ganadas por mayoría absoluta del PSOE. El acceso de la izquierda al Gobierno marcó oficialmente el fin de la Transición.
Las dificultades a las que se enfrentó la restauración de la democracia fueron el desmantelamiento del régimen franquista (resistencia de la Falange y sectores reaccionarios del Ejército), los nacionalismos periféricos (Se trató de de encajar las autonomías vasca y catalana sin alterar la unidad nacional) y el terrorismo. Destacaron la extrema derecha (Matanza de Atocha, 23-F) y la izquierda radical (GRAPO) e independentista (ETA). Pese a estas dificultades, la democracia se consolidó. Se dieron además (respetando la unidad territorial) los Estados de Autonomías a muchas regiones españolas. La democracia también llevó al fin del aislamiento internacional (tras la victoria electoral del PSOE se dio el ingreso en la CEE).
La segunda dificultad a la que se enfrentó el Gobierno fue la paz social. Reconciliar a “las dos Españas” tras el franquismo fue difícil debido a la tensión social provocada por la disputa política y la crisis económica, y la evolución de mentalidades y costumbres. Pese a esto se lograron amplios derechos y libertades recogidas en la Constitución de 1978. También se retomó la vida cultural; con estas nuevas libertades y el fin de la censura, volvieron del exilio muchos españoles. La Constitución además, estableció las bases para un Estado del bienestar.
La última gran dificultad fue la modernización de la economía debido a su urgencia. Los problemas eran las grandes cifras de desempleo, la crisis del sector secundario (la pérdida de competitividad internacional y la falta de ayudas del Estado que se encontraba endeudado dejó a la industria en crisis). También se debía tratar la inflación que había causado la crisis del petróleo y que había dejado a los españoles con una escasa capacidad adquisitiva. Pese a que muchos problemas quedaron sin resolver, se adoptaron dos principales medidas para modernizar la economía: Los Pactos de la Moncloa, cuyas medidas consensuadas redujeron la tasa de desempleo, contuvieron la inflación y redujeron la deuda exterior. También se dio una reconversión industrial mediante el cierre de las empresas más deficitarias y una política de inversiones públicas.
La Constitución de 1978. Estados de las Autonomías.
12.2
Las Cortes elegidas en junio de 1977 elaboraron una constitución que fue fruto del consenso general entre partidos. Para ello se creó la comisión Ponencia Constitucional, que elaboró un borrador del texto constitucional a las Cortes. Esta estaba formada por los representantes de los principales partidos políticos en el Congreso conforme al principio de proporcionalidad; la UCD contó con tres ponentes (Cisneros, Pérez Llorca y Herrero) y el resto de formaciones con uno: el PSOE con Peces-Barba, el PCE con Solé Tura, AP con Fraga y Convergencia con Roca. El borrador fue aprobado por amplia mayoría en las Cortes y la Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por el 88% de los españoles, finalizando así el proceso de aprobación.
Uno de los principales rasgos de la Constitución de 1978 es su extensión moderada. A diferencia de otras anteriores, la Constitución de 78 se remite a las leyes orgánicas para el desarrollo legislativo y algunos asuntos de gran relevancia como los derechos individuales o las instituciones del Estado. Además, esta Constitución se caracteriza por su estabilidad ya que establece un complejo proceso para la reforma de sus artículos más importantes (el conocido como “núcleo duro” de la Constitución, que engloba los derechos individuales, las principales instituciones del Estado y la división territorial) con el fin de evitar cambios frecuentes que generen inestabilidad. En la Constitución, España se define como un Estado social y democrático de derecho con soberanía nacional, también se establece una monarquía parlamentaria en la que el rey no gobierna, pero encarna la unidad nacional y representa España en el extranjero y ejerce la jefatura de las Fuerzas Armadas (bajo la autoridad del ministro de Defensa). Además, la Constitución reconoce amplios derechos y libertades tanto de naturaleza individual (libertad, igualdad, propiedad, etc.) como social (educación, vivienda, trabajo), y reconoce la aconfesionalidad del Estado, con una libertad religiosa individual, aunque sí reconoce la realidad mayoritaria del catolicismo.
Por otro lado, la Constitución recoge la división de poderes. El Legislativo recae sobre unas Cortes con miembros elegidos por sufragio universal (el Congreso de los Diputados en listas cerradas y el Senado listas abiertas). El Congreso de los Diputados (elegido por un sistema proporcional corregido), elige al presidente del Gobierno, controla al Ejecutivo, elabora leyes y vota los Presupuestos Generales. El Senado se ocupa de revisar y proponer enmiendas a los proyectos de ley del Congreso.
El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente, quien escoge a los ministros, dirige la acción del gobierno y tiene la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones (si está en funciones, le corresponde al rey). El judicial está ejercido por jueces independientes (que obtienen su designación a través de oposiciones públicas y la promoción interna por méritos).
Finalmente, la constitución del 78 cuenta con dos instituciones garantes del sistema. Por un lado, se encuentra el Tribunal Constitucional que interpreta si la acción de los otros poderes representan el contenido del texto fundamental. Por otro lado, el Defensor del Pueblo actúa como garante de los derechos individuales de los ciudadanos.
Otra de las grandes novedades de la Constitución es el derecho a crear comunidades autónomas, recogido en el título VIII. La Constitución diferenció en sus disposiciones transitorias entre la “ vía rápida” para las nacionalidades históricas que durante la Segunda República habían contado con Estatutos de Autonomía (Cataluña, País Vasco y Galicia), y la “la vía lenta” para el resto de regiones. Esto causó gran tensión entre los nacionalistas y formaciones de derecha ante su preocupación de que no se respetase la unidad territorial de España. Además, el porcentaje de abstención en algunas comunidades como Galicia (superior al 70%), restó legitimidad al proceso, y en el caso de Galicia, causó que la UCD perdiera las elecciones autonómicas en tres regiones, que fueron ganadas por Convergencia i Unió, el PNV y AP. Finalmente, Andalucía también optó por la vía rápida del artículo 151.
El resto de regiones se configuraron como comunidades autónomas por la “vía lenta” del artículo 143. La división territorial quedó finalmente establecida en 1983 con 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), lo que ha hecho de España uno de los estados más descentralizados de Europa. Cada comunidad se rige por su Estatuto de Autonomía (elaborado por su parlamento y ratificado después por la población en referéndum y por el Parlamento nacional) y cuenta con la Asamblea Legislativa y Gobierno propios.
