Tema 6: El Patrimonio de las Administraciones Públicas Flashcards

Question

Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que...

Answer 1

siendo de titularalidad de las Administraciones públicas, no tengan carácter de demaniales. El art. 7.2 LPAP complementa la genérica noción, enumerando los bienes que lo integran, sin carácter exhaustivo. Se distinguen cinco bloques: - Los derechos de arrendamiento. - El patrimonio empresarial: valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas. - Los derechos de propiedad incorporal: son los derechos de propiedad industrial e intelectual. - Los derechos de cualquier naturaleza que deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales. - Los bienes y derechos adquiridos por la Administración por cualquier procedimiento regulado por ley, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o servicio público.

Answer 2

- El Patrimonio del Estado, cuya normativa está contenida en la LPAP. - El Patrimonio Nacional, regulado por la LPN. - El Patrimonio de las Comunidades Autónomas, objeto de las leyes autonómicas. - El Patrimonio de las Entidades locales, provincias y municipios, regulado por la LBRL y el RBEL.

Answer 3

art. 7.3 LPAP en los términos precisados por la normativa que la desarrolle, RLPAP supletoriamente- normas de Derecho administrativo - cuestiones competenciales y procedimentales -Derecho privado en restantes aspectos de su régimen jurídico

Answer 4

La propia Administración titular puede hacer uso de sus bienes patrimoniales, sin convertirse éstos por ello en demaniales, pero lo ordinario es su utilización por terceros, previo abono del correspondiente precio. Los contratos de explotación se pueden formalizar mediante modalidad de cualquier tipo de contrato y tienen naturaleza privada, no pudiendo tener una duración superior a 20 años. La adjudicación de estos contratos se deberá realizar por concurso, aunque en algunos casos tasados por ley adjudicación directa.

Answer 5

Los bienes adquiridos de esta última forma ostentan la condición de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso o servicio público. 1. Por atribución de la ley - El art. 17 LPAP atribuye a la Administración General del Estado los bienes inmuebles que carecieran de dueño, los cuales se entenderán adquiridos sin necesidad de que medie acto o declaración alguna, pudiendo tomar posesión de los mismos en vía administrativa, salvo que se oponga un tercero a título de dueño, en cuyo caso tendrá la Administración que entablar la acción que corresponda ante la jurisdicción ordinaria. - Corresponden también a la Administración del Estado los depósitos y saldos abandonados en entidades financieras, cuando no se haya practicado gestión alguna por los interesados en el plazo de 20 años. 2. A título oneroso las adquisiciones pueden tener lugar como consecuencia del ejercicio de la potestad expropiatoria, o formalizándose mediante contrato de adquisición, que tendrá naturaleza mixta, rigiéndose sus efectos por el Derecho privado y su preparación y adjudicación por la legislación de contratos del sector público. Si se trata de bienes inmuebles, se requiere un concurso público convocado por el Ministerio de Hacienda. 3. A título gratuito: por herencia, legado o donación. Se rige por las reglas del CC. No obstante, se entenderá siempre hecha a beneficio de inventario, es decir, con limitación de la responsabilidad respecto de las deudas. 4. Por prescripción y ocupación:con arreglo al CC 5. Por adjudicación acordada en procedimientos judiciales o administrativos de apremio: en pago de las deudas que el propietario anterior tuviera con la Administración.

Answer 6

El art. 30 LPAP afirma la inalienabilidad de los bienes demaniales y prevé la enajenación de los patrimoniales. Se afirma un principio de libertad de las operaciones de enajenación, las cuales podrán canalizarse a través de cualquier tipo de negocio jurídico traslativo de carácter oneroso. Si se trata de bienes INMUEBLES se requiere un concurso público, convocado y resuelto por el Ministerio de Hacienda, salvo que las peculiaridades del bien, la urgencia o limitaciones del mercado permitan su subasta. Si supera los 20 millones de euros - autorización prevIa del Consejo de Ministros La enajenación de los bienes MUEBLES y de las cosas incorporales se realizará mediante subasta, salvo en los supuestos en los que la LPAP autoriza la enajenación directa.

Answer 7

1. Régimen de inventarios y catálogos. La inmatriculación registral El art. 32.1 LPAP impone a todas las Administraciones públicas el deber de inventariar sus bienes y derechos, haciendo constar menciones precisas para su identificación y su situación jurídica o destino. Se realiza en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, radicado en el Ministerio de Hacienda, en el que han de incluirse todos los bienes del Estado, de carácter demanial o patrimonial, así como todos los derechos patrimoniales y los bienes de los Organismos Autónomos. Carecen de eficacia jurídica frente a terceros. No obstante, la constancia de un bien en los mismos constituye un principio de prueba de su posesión y titularidad. Durante un tiempo este privilegio de la publicidad posesoria, lo cual implicaba que los bienes demaniales no precisaban ser inscritos en el Registro de la Propiedad para hallarse protegidos; y que, eventualmente, la ley, para determinadas categorías, permitía acreditar la posesión administrativa y el carácter demanial, probando la inclusión del bien en un catálogo administrativo. La reforma del Reglamento Hipotecario asumió el principio de universalidad registral, hecho que implicaba la posibilidad de inscripción de los inmuebles sin distinción de la persona física o jurídica a quien pertenezcan y, por tanto, los de las Administraciones públicas. La LPAP establece la obligación de las Administraciones públicas de inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean de dominio público, (excluyendo los demaniales por naturaleza), o patrimoniales. 2. La potestad de deslinde derecho a deslindar, pero cuando entra en conflicto con las pretensiones de los predios colindantes es preciso acudir a Tribunales. La Administración, en virtud del principio de autotutela, goza en la materia de ejecutoriedad o acción de oficio, estando facultada para imponer directamente el deslinde, sin necesidad de acudir a los Tribunales, trasladando la carga de la prueba respecto del título de propiedad a los particulares que discrepen del deslinde efectuado por la Administración. El procedimiento de deslinde determina la apertura de un expediente administrativo, en el cual deben ser oídos todos los interesados, no admitiéndose durante la tramitación interdictos sobre el estado posesorio de las fincas de las Administraciones públicas. El particular, frente a la resolución administrativa, puede acudir a la a). vía contencioso-administrativa, cuestionando el procedimiento seguido para el establecimiento del deslinde o la propia competencia de la Administración; y a la b). vía civil, a través del proceso declarativo ordinario, en relación con las cuestiones sustantivas planteadas respecto del derecho de propiedad y la concreta titularidad de los bienes.

Answer 8

1. La potestad sancionadora Se plasma en la policía demanial, esto es, la potestad sancionadora en materia de dominio público, en cuya virtud la Administración se defiende contra las invasiones del demanio, utilizando al respecto su propio aparato coactivo. La normativa sectorial reconoce esta potestad en relación con los distintos bienes demaniales. 2. Imposición de limitaciones y servidumbres La protección de la integridad del demanio de los bienes inmuebles comporta, en ocasiones, la imposición de limitaciones y servidumbres a los fundos limítrofes. Cabe destacar que las limitaciones no son indemnizables, mientras que las servidumbres sí. La diferencia entre ambas debe resolverse caso por caso. 3. La recuperación de oficio Como expresión de la autotutela administrativa, la Administración pública goza de la facultad de recuperación de oficio o de reintegro posesorio, en cuya virtud puede recuperar la posesión de sus bienes por sí misma, sin necesidad de acudir a los Tribunales. El Consejo de Estado lo ha denominado interdictum propium. En relación con los bienes patrimoniales su ejercicio está restringido al plazo de un año, mientras que en el caso de bienes demaniales, puede ejercerse en cualquier tiempo, cualquiera que sea la antigüedad del acto de usucapión, dado el principio de imprescriptibilidad. 4. Imprescriptibilidad Manifestación nuclear de la protección del demanio es su imprescriptibilidad, que defiende su integridad frente a usurpaciones de los particulares. No cabe prescripción de los bienes demaniales, al estar fuera del comercio jurídico-privado. La desafectación de los bienes del Estado debe ser expresa, con lo que queda excluida la adquisición de los particulares por usucapión. La imprescriptibilidad está consagrada por el art. 132.1 CE.

Answer 9

nota inherente al concepto de los bienes demaniales, debiendo recordarse su consideración como res extra commercium. 1. Incomerciabilidad Se traduce en la inalienabilidad de estos bienes, lo que comporta que el negocio jurídico de disposición de los mismos es nulo e insubsanable. Presupuesta dicha incomerciabilidad, se ha discutido respecto de la posibilidad de que los bienes demaniales puedan ser objeto de expropiación forzosa. Dicha posibilidad ha de rechazarse, pues la LEF limita su ámbito a cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses legítimos. La práctica ha acreditado la expropiación de propiedades demaniales en dos supuestos: - Cuando se produce en el seno de un mismo ente público, se reviste como mutación demanial por cambio de afectación. - Si se produce entre personas jurídico-públicas distintas, la garantía patrimonial adquiere todo su sentido y si el Estado expropia un bien local deberá abonar la correspondiente indemnización. 2. Inembargabilidad La incomerciabilidad comporta la inembargabilidad del demanio. No se admiten embargos ni apremios sobre bienes de la Administración, pagándose sus débitos con cargo a los Presupuestos correspondientes, sin que dichos bienes puedan ser objeto de traba y enajenación forzosa para el pago de las deudas. Esto es un privilegio general de todos los bienes de la Administración. El art. 30.3 LPAP establece que tanto los bienes de dominio público como los bienes patrimoniales son inembargables, no pudiendo ningún Tribunal dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra ellos cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio o función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén ligados a dichos fines, o cuando sean valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El TC declaró que aquellos bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público, así como los bienes patrimoniales de las entidades locales, sí son embargables. No basta con que los bienes estén formalmente calificados de demaniales, o inventariados como tales, para disfrutar del beneficio de inembargabiidad. Tampoco cabe decretar el embargo de las cuentas corrientes de las que son titulares las Administraciones Públicas, en cuanto tales fondos públicos general rendimientos que están legalmente afectados a fines determinados.

Answer 10

El Patrimonio Nacional es un patrimonio independiente que comprende el conjunto de bienes del Estado que se encuentran específicamente afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real, para el ejercicio de la alta representación. Son bienes que no son de la Corona ni de la Jefatura del Estado, sino propiedad del Estado español, y distintos tanto del patrimonio privado del Monarca, en cuanto persona física, como de la asignación que los Presupuestos Generales establecen anualmente a efectos del sostenimiento de los gastos de la corona. Es dicha titularidad estatal la que habilita que, siempre que sea compatible con su afectación principal al servicio de la Corona, estos bienes puedan ser dedicados a otros usos con fines culturales o docentes.

Answer 11

Reserva de ley afirmada por el art. 132.2 CE. LPN Consejo de Administración del Patrimonio Nacional A. Composición La LPN atribuye la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional a: - Los bienes inmuebles, y los muebles contenidos o depositados en los mismos, afectados al uso o servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que les es propia. - Los derechos de patronato o de gobierno y administración correspondientes a una serie de fundaciones y Reales Patronatos. B. Administración Se administran por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, entidad de Derecho público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, dependiente de la Presidencia del Gobierno. Sus miembros son designados por Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. El Consejo de Administración asume todas las competencias de administración salvo: - Las relativas a la aprobación del inventario de los bienes y derechos que lo conforman. - Los actos de afectación y desafectación de sus bienes muebles, cuya titularidad es del Gobierno. C. Protección Estos bienes gozan de un régimen de protección exorbitante: son inalienables, imprescriptibles e inembargables, debiendo ser inscritos en el Registro de la Propiedad como de titularidad estatal. D. Régimen financiero - Gozan del mismo régimen de exenciones tributarias que los bienes de dominio público del Estado. - Los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico que pueda asumir se incluyen en los Presupuestos Generales. - Los frutos, rentas, percepciones o rendimientos de cualquier naturaleza producidos por los bienes que lo integran se ingresarán en el Tesoro Público. - El examen y control de sus cuentas corresponde al Tribunal de Cuentas, quedando la intervención y fiscalización de la gestión económica y de los actos de reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones a cargo de la Intervención General del Estado

Answer 12

Los bienes comunales son los bienes que son de titularidad de los municipios o las entidades locales menores, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, en mano común, sin que pueda señalarse la existencia de cuotas o partes entre ellos.

Answer 13

A. Titularidad municipal y aprovechamiento comunal El art. 79 LBRL tipifica los bienes comunales como bienes de dominio público de los Municipios y Entidades ocales menores, a quienes corresponde su protección, administración y conservación; mientras que su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, en un régimen de comunidad germánica (en mano común), sin que pueda señalarse la existencia de cuotas o partes entre ellos. Esta última nota constituye la verdadera esencia de estos bienes. En el supuesto de que la misma fuera impracticable, el disfrute general simultáneo será sustituido por el régimen de aprovechamiento que disponga la costumbre u Ordenanza local. En su defecto, procede la adjudicación por lotes o suertes, realizándose en proporción al número de familiares a su cargo a su situación económica. Si tampoco fuere posible, la CCAA podrá autorizar su adjudicación en pública subasta. B. Protección Se trata de bienes demaniales, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, gozando del mismo régimen de exenciones tributarias que los bienes de Dominio público del Estado. Las reglas para su desafectación implican: - Requisito sustantivo: que no hayan sido objeto de disfrute comunal durante más de 10 años, aunque en algunos casos se haya producido un acto aislado de aprovechamiento. - Requisito formal: acuerdo por mayoría absoluta de la Corporación local y posterior aprobación por la Comunidad Autónoma. - Requisito de explotación ulterior: deberán ser arrendados a quienes se comprometan a su aprovechamiento agrícola, otorgándose preferencia a los vecinos del municipio.

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