UNIDAD XI. RECONOCIMIENTO DE ACTOS Y SITUACIONES JURÍDICAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO Flashcards
11.1. Actos de jurisdicción graciosa.
En Derecho Internacional Privado (DIP), los actos de jurisdicción graciosa son aquellos actos que un juez o una autoridad realiza sin que haya un conflicto entre las partes o una disputa que resolver. Estos actos son típicamente de naturaleza administrativa y no implican la resolución de una controversia jurídica. Son considerados “graciosos” porque no responden a una demanda de una parte interesada, sino que son ejercidos de manera voluntaria o en función de necesidades procesales o de regulación jurídica internacional.
Algunos ejemplos de actos de jurisdicción graciosa en el contexto del Derecho Internacional Privado pueden incluir:
Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras: En algunos casos, los tribunales nacionales reconocen o ejecutan sentencias extranjeras sin que haya una disputa directa entre las partes, sino más bien como un acto de cooperación judicial internacional. Este tipo de actos es una intervención del juez en situaciones donde no hay un litigio inmediato.
Autorización de matrimonios entre nacionales de diferentes países: En situaciones en las que un tribunal debe autorizar la celebración de un matrimonio internacional, el juez podría estar actuando de manera graciosa al permitir el matrimonio sin que exista un litigio directo.
Medidas precautorias o de tutela: Por ejemplo, la autorización judicial para realizar ciertos actos, como la protección de menores o la administración de bienes en el extranjero, que no implican una disputa pero requieren la intervención judicial internacional para garantizar derechos.
Exequátur de sentencias extranjeras: Este es un acto gracioso en la medida que no se trata de un juicio sobre el fondo del asunto, sino más bien una validación formal de la sentencia extranjera para que pueda ser ejecutada en otro país, sin que haya un litigio directo.
11.2. Adopciones
Artículo 50. Adopción
La adopción realizada en la República Dominicana, será regida por la ley nacional.
Párrafo. En los casos de ae, se tendrán en cuenta los requerimientos relativos a los consentimientos y autorizaciones necesarios exigidos por la ley nacional o de la residencia del adoptando o del adoptante.
11.3. Relaciones filiales, sucesiones y testamentos
Artículo 49. Determinación de la filiación
La filiación se rige por la ley de la residencia habitual del hijo.
Párrafo I. La ley de la residencia habitual del hijo comprende los supuestos y los efectos de la determinación y del desconocimiento del estado de hijo.
Párrafo II. El estado de hijo legítimo adquirido en base a la ley del domicilio de uno de los padres, únicamente puede ser impugnado conforme a dicha ley.
11.4. Matrimonios y uniones consensuales.
rtículo 40. Celebración del matrimonio
La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fondo del matrimonio se rigen, para cada uno de los contrayentes, por el derecho de su respectivo domicilio.
Artículo 41. Validez del matrimonio
El matrimonio es válido, en cuanto a la forma, si es considerado como tal por la ley del lugar de celebración o por la ley nacional o del domicilio de, al menos, uno de los cónyuges al momento de la celebración.
Artículo 42. Relaciones personales entre los cónyuges
Las relaciones personales entre los cónyuges se rigen por la ley del domicilio conyugal inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio.
Párrafo. Si las partes no hubieren tenido domicilio conyugal común, se aplicará la ley de la nacionalidad común en el momento de la celebración del matrimonio y, en su defecto, la ley del lugar de celebración del matrimonio.
Artículo 43. Relaciones patrimoniales en el matrimonio
Las relaciones patrimoniales entre cónyuges se rigen por la ley aplicable a sus relaciones personales, salvo convención en contrario.
Artículo 44. Elección de leyes aplicables en el matrimonio
Los cónyuges pueden convenir por escrito, antes del matrimonio, que sus relaciones patrimoniales sean regidas por las siguientes leyes:
La ley de un Estado del que uno de los cónyuges sea nacional en el momento de la designación;
La ley del Estado en cuyo territorio uno de los cónyuges tenga su domicilio en el momento de la designación;
La ley del primer Estado en cuyo territorio uno de los cónyuges establezca una nueva residencia habitual después del matrimonio.
Artículo 45. Sometimiento a leyes internas
Los cónyuges podrán convenir por escrito durante el matrimonio, someter su régimen matrimonial a una ley interna distinta de la que era aplicable hasta entonces, siempre que no perjudique a terceros acreedores.
Artículo 46. Nulidad del matrimonio
La nulidad del matrimonio y sus efectos se rigen de conformidad con la ley aplicable a su celebración.
Artículo 48. Uniones no matrimoniales
La ley del lugar de la constitución de las uniones no matrimoniales registradas o reconocidas por la autoridad competente, rige la capacidad de las personas para constituirlas, la forma, la existencia, la validez y efectos de las mismas.
Párrafo. Los efectos derivados de las uniones no matrimoniales establecidas en este artículo, se rigen por la ley de residencia habitual de los conviviente
11.5.1. Reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras
Artículo 89. Reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras en materia contenciosa
Las decisiones judiciales extranjeras en materias contenciosas serán reconocidas en la República Dominicana.
Artículo 90. Excepciones de reconocimiento de decisiones judiciales
Los tribunales de la República Dominicana no reconocerán lo siguiente:
Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público;
Cuando se hubiera declarado el defecto del demandado sin constancia efectiva de haber sido éste citado en su persona o domicilio;
Si la decisión fuera inconciliable con una decisión dictada con anterioridad en otro Estado entre las mismas partes, en un litigio que tuviera el mismo objeto y la misma causa cuando esta última decisión reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en la República Dominicana;
Si se hubieran desconocido las disposiciones establecidas en el Artículo 11 de la presente Ley;
Si la decisión no reúne los requisitos exigidos en el país en que ha sido dictada para ser considerada como autentica y los que las leyes dominicanas requieren para su validez.
Procedimiento y tribunal competente
11.5.
1.12. Causas de denegación
Artículo 91. Procedimiento de exequátur
Para el trámite de exequátur de las decisiones extranjeras de carácter contencioso, será competente la Cámara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Párrafo I. El tribunal establecido en este artículo para el conocimiento del trámite del exequátur, realizará el procedimiento en jurisdicción graciosa, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 97.
Párrafo II. La decisión del tribunal será susceptible de apelación, conforme al derecho común.
11.5.1.2. Causas de denegación
Existen varias razones por las cuales el reconocimiento de una sentencia judicial extranjera puede ser denegado, entre ellas:
Contradicción con el orden público: Si la sentencia extranjera infringe principios fundamentales del derecho del país solicitante (por ejemplo, derechos humanos, leyes sobre familia, etc.), no será reconocida.
Falta de competencia del tribunal extranjero: Si el tribunal que dictó la sentencia no tenía competencia para conocer el asunto según las reglas de jurisdicción internacional, el reconocimiento puede ser denegado.
Violación del derecho a defensa: Si la sentencia fue emitida sin que la parte afectada haya tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente, o si se violaron las reglas procesales básicas.
Contradicción con una sentencia interna: Si existe una sentencia del tribunal nacional que ya ha resuelto el mismo conflicto, puede denegarse el reconocimiento de la sentencia extranjera para evitar un conflicto de decisiones.
11.5.2.1. Procedimiento y tribunal competente
El procedimiento para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros se realiza generalmente a través de los tribunales nacionales, y varía ligeramente según las leyes de cada país. A continuación se describen los pasos comunes en este proceso:
Solicitud de ejecución del laudo: La parte que desea hacer ejecutar un laudo arbitral extranjero debe presentar una solicitud ante el tribunal competente del país donde se desea ejecutar el laudo. En la solicitud, la parte debe aportar el laudo original o una copia certificada del mismo, junto con los documentos que demuestren la existencia y validez del laudo (por ejemplo, el acuerdo arbitral que dio lugar al arbitraje).
Tribunal competente: El tribunal competente es generalmente un tribunal civil o comercial que tiene la facultad de ejecutar decisiones de carácter internacional. En algunos países, existe una jurisdicción especializada en arbitraje, como los tribunales de arbitraje o tribunales de comercio internacional. El tribunal debe determinar si el laudo cumple con los requisitos establecidos por la legislación interna y la Convención de Nueva York de 1958.
Revisión del laudo: El tribunal competente revisará el laudo arbitral y los documentos presentados para verificar que se cumplan los requisitos necesarios para su ejecución, tales como la existencia del acuerdo arbitral y que no haya violaciones del orden público o principios fundamentales del derecho nacional.
Decisión sobre el reconocimiento y ejecución: Si el tribunal considera que el laudo cumple con los requisitos legales y no incurre en causas de denegación, procederá a la ejecución del laudo. Si el laudo es reconocible y ejecutable, las autoridades nacionales pueden tomar medidas para que el laudo se cumpla, como la incautación de bienes o la adopción de otras medidas coercitivas.
11.5.2.2. Causas de denegación
11.5.2.2. Causas de denegación
Aunque el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral extranjero es un principio fundamental en el Derecho Internacional Privado, hay varias causas por las cuales un tribunal puede denegar este reconocimiento o ejecución. Las causas de denegación están reguladas en la Convención de Nueva York de 1958 y pueden incluir las siguientes:
Incompatibilidad con el orden público (public policy): Si la ejecución del laudo contraviene los principios fundamentales del orden público del país donde se solicita la ejecución, el tribunal puede denegar su reconocimiento y ejecución. Esto incluye situaciones en las que el laudo sea incompatible con los derechos fundamentales o los principios esenciales del derecho nacional.
Falta de acuerdo arbitral: El tribunal puede denegar la ejecución si no existe un acuerdo arbitral válido entre las partes. Un acuerdo arbitral es un acuerdo por el cual las partes deciden someter sus disputas a arbitraje, y su validez es esencial para la validez del laudo. Si el acuerdo arbitral no es vinculante o es nulo, el laudo no será ejecutable.
Incompetencia del tribunal arbitral: Si el tribunal arbitral que dictó el laudo no tenía competencia para conocer del asunto (por ejemplo, si no era competente según el acuerdo arbitral o la legislación aplicable), el laudo puede ser denegado. La falta de jurisdicción del tribunal arbitral para resolver la disputa es una causa común de denegación.
Violación de los derechos de defensa: Si el laudo fue dictado en un procedimiento en el cual no se garantizó el derecho de defensa de alguna de las partes, el reconocimiento y ejecución pueden ser denegados. Esto incluye situaciones como la falta de notificación adecuada, la imposibilidad de presentar pruebas o la falta de imparcialidad del tribunal arbitral.
Laudo nulo o no vinculante: Si el laudo arbitral ha sido anulado en el país donde se dictó, el tribunal puede denegar su reconocimiento y ejecución en otro país. Esto puede suceder si el laudo no cumple con los requisitos procesales o sustantivos para ser considerado válido bajo las leyes del país en el que se dictó.
Laudo en contra de la resolución de un tribunal nacional: Si el laudo arbitral es incompatible con una sentencia judicial definitiva en el país donde se solicita su ejecución, el tribunal puede denegar su reconocimiento. Esto busca evitar contradicciones y conflictos entre las decisiones judiciales internas y los laudos arbitrales.
