TÍTULO III. Relaciones interadministrativas CAPÍTULO I. Principios generales de las relaciones interadministrativas Flashcards
¿Cuáles son los principios que rigen las relaciones interadministrativas?
Los principios son los siguientes:
- Lealtad institucional;
- Adecuación al orden de distribución de competencias;
- Colaboración;
- Cooperación;
- Coordinación;
- Eficiencia en la gestión de los recursos públicos;
- Responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos;
- Respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos
- Solidaridad interterritorial.
¿Qué significa el principio de lealtad institucional?
El principio de lealtad institucional se configura como uno de los principios ineludibles en las relaciones entre las Administraciones públicas. Así lo ha reconocido con reiteración nuestro Tribunal Constitucional, al señalar que, “la lealtad constitucional es un principio esencial en las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial, que constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada” (STC 239/2002, de 11 de diciembre).
¿Cuáles son los fines comunes de las Administraciones públicas?
Los fines comunes de las Administraciones públicas son fines de interés público que vienen delimitados por las competencias que tienen atribuidas cada una de ellas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
¿Qué significa la cooperación interadministrativa?
La actuación de distintas Administraciones públicas atendiendo al principio de cooperación permite evitar la dispersión de esfuerzos y el solapamiento de acciones desde la asunción de compromisos comunes basados en la voluntariedad y el mutuo acuerdo.
¿En qué consiste la coordinación interadministrativa?
El principio de coordinación busca la integración de una diversidad de competencias y Administraciones afectadas en un sistema o conjunto unitario y operativo, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían la realidad misma del sistema (STC 32/1983, de 28 de abril de 1983).
¿Qué implica el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos?
El principio de eficiencia es un principio de alcance y fundamento constitucional – recogido en el artículo 31.2 de la Constitución – que bajo la óptica de la racionalización del gasto público y la mejora de la gestión del sector público se vincula a los objetivos de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria (artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril).
¿En qué consiste el principio de responsabilidad?
Las Administraciones públicas están obligadas a garantizar el cumplimiento de los principios organizativos, de tal manera que si incumplen las obligaciones y compromisos que de ellos se derivan, deberán asumir, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tales incumplimientos se hubiesen producido.
¿En qué consiste la solidaridad interterritorial?
El principio de solidaridad interterritorial aparece recogido en los artículos 2, 138, 156 y 158 de la Constitución y tiene un contenido básicamente de carácter financiero, puesto que la realización efectiva del mismo se lleva a cabo desde el desarrollo de un sistema de financiación adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.
¿Cómo se pueden hacer efectivos estos principios?
Sobre la base de los principios que rigen las relaciones interadministrativas, la Ley 40/2015 concreta su aplicación a través de distintos mecanismos y técnicas como son el intercambio de información, la emisión de informes en los ámbitos de la propia competencia, la participación en órganos de composición mixta, etcétera.
¿Los principios que rigen las relaciones interadministrativas son también aplicables a las relaciones entre la Administración General del Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración local?
Sí, los principios recogidos en la Ley 40/2015 vinculan a todas las Administraciones públicas.
¿Cuáles son las principales diferencias entre la coordinación y la cooperación?
El principio de cooperación se caracteriza por la voluntariedad de su ejecución. El principio de coordinación debe conllevar necesariamente el establecimiento de “directrices, fines y objetivos” que, en cuanto tales, deben ser seguidos por los sujetos coordinados, teniendo en cuenta, como ya se ha apuntado, la necesidad de una actuación no fragmentada y común.
¿Pueden existir Grupos de trabajo en las Conferencias Sectoriales?
Sí. Se trata también de órganos de segundo nivel que pueden tener un carácter permanente o temporal, formados por Directores Generales, Subdirectores Generales o equivalentes de las diferentes Administraciones públicas que formen parte de dicha Conferencia, para llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial.
¿Qué son las Comisiones Bilaterales de Cooperación?
Las Comisiones Bilaterales de Cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla.
¿Cuáles son las funciones de las Comisiones Bilaterales de Cooperación?
Las Comisiones Bilaterales de Cooperación ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tienen por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autónoma, a la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla. En este sentido, una de las funciones principales de las Comisiones Bilaterales de Cooperación se centra en el estudio y propuesta de solución de discrepancias competenciales.
¿Las Comisiones Bilaterales de Cooperación se prevén en los Estatutos de Autonomía?
Sí. En Castilla y León, este órgano bilateral de cooperación recibe la denominación de Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, que se configura, en el artículo 59 del Estatuto de Autonomía, como “marco permanente de cooperación de ámbito general” entre ambas entidades.
