Técnico medio gestión (2020) abril 2021 Flashcards
De conformidad con el artículo 335 del Reglamento
de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de septiembre:
a) Se podrá dictar orden de ejecución sin la autorización
previa que resulte preceptiva por razón de los regímenes
especiales de protección, vinculación o servidumbres
legales que afecten al terreno o inmueble de que se
trate.
b) No se podrá dictar orden de ejecución sin la
autorización previa que resulte preceptiva por razón de
los regímenes especiales de protección, vinculación o
servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble
de que se trate, excepto en el caso de las medidas
excepcionales de protección necesarias cuando exista
peligro inmediato de que se puedan producir daños las
personas o peligro inminente de derrumbamiento de la
edificación.
c) En ningún caso se podrá dictar orden de ejecución ni
medidas excepcionales de protección cuando exista
peligro inmediato de que se puedan producir daños las
personas o peligro inminente de derrumbamiento de la
edificación, sin la autorización previa que resulte
preceptiva por razón de los regímenes especiales de
protección, vinculación o servidumbres legales que
afecten al terreno o inmueble de que se trate.
d) En el caso de las medidas excepcionales de
protección necesarias cuando exista peligro inmediato de
que se puedan producir daños las personas o peligro
inminente de derrumbamiento de la edificación es
preciso contar con la autorización previa que resulte
preceptiva por razón de los regímenes especiales de
protección, vinculación o servidumbres legales que
afecten al terreno o inmueble de que se trate.
b) No se podrá dictar orden de ejecución sin la
autorización previa que resulte preceptiva por razón de
los regímenes especiales de protección, vinculación o
servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble
de que se trate, excepto en el caso de las medidas
excepcionales de protección necesarias cuando exista
peligro inmediato de que se puedan producir daños las
personas o peligro inminente de derrumbamiento de la
edificación
De conformidad con el artículo 86 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la aprobación del expediente, que determinará la
forma concreta de gestión de los servicios es
competencia:
a) Del Pleno de la Corporación.
b) De la Xunta de Gobierno Local.
c) Del/a alcalde/sa.
d) Del/a concejal/a delegado/a.
a) Del Pleno de la Corporación.
De conformidad con el artículo 86 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el acuerdo de aprobación por el que se disponga
la efectiva ejecución en régimen de monopolio del
servicio de abastecimiento domiciliario y depuración de
aguas o de alguna de las actividades a que se refiere el
artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuando
incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, en todo caso:
a) Podrá ser impugnado por la administración estatal.
b) Podrá ser impugnado por la administración
autonómica.
c) Será impugnado por la administración estatal.
d) Será impugnado por la administración autonómica.
a) Podrá ser impugnado por la administración estatal.
De conformidad con el artículo 25 del Reglamento de
la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de septiembre,
adquirirán la condición de suelo urbano:
a) Los sectores o ámbitos que sean urbanizados en
ejecución del planeamiento, desde el momento de la
terminación y recepción de las obras, conforme a lo
establecido en el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, del suelo de Galicia.
b) Los sectores o ámbitos que sean urbanizados en
ejecución del planeamiento, desde el momento de la
terminación de las obras.
c) Los sectores o ámbitos que sean desarrollados en
ejecución del planeamiento, desde el momento de
aprobación definitiva del proyecto de equidistribución
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
d) Los sectores o ámbitos que sean urbanizados en
ejecución del planeamiento, desde el momento de la
aprobación definitiva del proyecto de urbanización,
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
a) Los sectores o ámbitos que sean urbanizados en
ejecución del planeamiento, desde el momento de la
terminación y recepción de las obras, conforme a lo
establecido en el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, del suelo de Galicia.
De conformidad con el artículo 390 del Reglamento
de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de septiembre,
las sanciones urbanísticas impuestas por faltas muy
graves prescribirán a los:
a) 15 años.
b) 5 años.
c) 6 años.
d) 2 años.
b) 5 años.
Según el artículo 64 de la Ley 39/2015, del 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) El acuerdo de iniciación en los procedimientos de
naturaleza sancionadora se notificará a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al inculpado y al
denunciante.
b) El acuerdo de iniciación en los procedimientos de
naturaleza sancionadora se notificará a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al instrutor, al inculpado
y al denunciante.
c) La incoación se comunicará al denunciante cuando
las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.
d) Se reconoce con carácter general el derecho del
denunciante para conocer la incoación del procedimiento
sancionador cuando lo solicite.
c) La incoación se comunicará al denunciante cuando
las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean
Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en la tramitación urgente de un expediente de
contratación:
a) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá
exceder de un mes, contado desde la formalización.
b) Podrá comenzar la ejecución del contrato antes de
proceder a su formalización.
c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá
exceder de quince días, contado desde la formalización.
d) No será preciso proceder a la formalización del
contrato. Bastará con la aceptación de la adjudicación
por parte del adjudicatario.
a) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá
exceder de un mes, contado desde la formalización.
Según el artículo 19 de la Lei 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno:
a) Si la solicitud se refiere a información que no obre en
poder del sujeto al que se dirige, este la remitirá al
competente, si lo conociera, e informará de esta
circunstancia al solicitante.
b) Si la solicitud se refiere a información que no obre en
poder del sujeto al que se dirige, este la remitirá al
competente, en todo caso, e informará de esta
circunstancia al solicitante.
c) Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente
la información, se pedirá al solicitante que la concrete en
un plazo de quince días, con indicación de que, en caso
de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la
suspensión del plazo para dictar resolución.
d) Cuando la información objeto de la solicitud, aún
obrando en poder del sujeto al que se dirige, fuese
elaborada o generada en su integridad o parte principal
por otro, será denegada mediante resolución motivada.
a) Si la solicitud se refiere a información que no obre en
poder del sujeto al que se dirige, este la remitirá al
competente, si lo conociera, e informará de esta
circunstancia al solicitante.
Según el artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
el procedimiento abreviado en los recursos contenciosos
administrativos cabe:
a) En todo caso siempre que el órgano jurisdiccional que
lo tramite sean los Juzgados de lo Contenciosos-
Administrativo y los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo.
b) Para los asuntos de los que conocen los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
que se susciten sobre cuestiones cuya cuantía no supere
los 30.000 €.
c) Para los asuntos de los que conocen los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
que se susciten sobre cuestiones relativas al personal al
servicio de las Administraciones Públicas, cuya cuantía
no supere los 10.000 €.
d) Para los asuntos de los que conocen los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
que se susciten sobre asuntos de responsabilidad
patrimonial de la Administración.
d) Para los asuntos de los que conocen los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
que se susciten sobre asuntos de responsabilidad
patrimonial de la Administración.
Las Juntas Electorales Provinciales se reparten,
proporcionalmente y atendiendo al número de
residentes, los puestos correspondientes a cada partido
judicial, en el décimo día posterior a la convocatoria de
elecciones, atendiendo a la siguiente regla:
a) Las fracciones iguales o superiores a 0,30 que
resulten del reparto proporcional se corrigen por exceso
y las inferiores por defecto.
b) Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con
un Diputado.
c) Ningún partido judicial puede contar con más de dos
tercios del número total de Diputados provinciales.
d) El número de Diputados correspondientes a cada
Diputación Provincial se determina según el número de
residentes de cada provincia. Así, cuando tengan menos
de 500.000 habitantes le corresponderán 23 Diputados.
b) Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con
un Diputado.
Respecto al procedimiento para hacer efectiva la
exigencia de responsabilidad patrimonial previsto en el
artículo 36 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, cual de las
siguientes afirmaciones es incorrecta:
a) Hay un plazo de alegaciones de quince días.
b) Hay un plazo de audiencia de diez días.
c) Hay un plazo para resolver por el órgano competente
de quince días.
d) La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá
fin a la vía administrativa.
c) Hay un plazo para resolver por el órgano competente
de quince días.
Según lo dispuesto en el artículo 100 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, si los bienes comunales, por su naturaleza o por
otras causas, no han sido objeto de disfrute de esta
índole, aunque en alguno de ellos se haya producido
acto aislado de aprovechamiento, podrán ser
desprovistos del carácter de comunales.
a) Automáticamente cuando hayan transcurrido más de
diez años.
b) Cuando hayan transcurrido más de diez años y en
virtud de acuerdo de la corporación respectiva.
c) Siempre.
d) Nunca.
b) Cuando hayan transcurrido más de diez años y en
virtud de acuerdo de la corporación respectiva.
De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el procedimiento sometido al
principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos
sus trámites y a través de medios electrónicos,
respetando los principios de:
a) Eficacia y transparencia.
b) Eficiencia y Eficacia.
c) Eficiencia y transparencia.
d) Transparencia y publicidad.
d) Transparencia y publicidad.
Cuál de los siguientes no es un medio de
acreditación de la solvencia técnica o profesional en los
contratos de servicios, de acuerdo al artículo 90 de la Ley
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público:
a) Descripción de las instalaciones técnicas, de las
medidas empleadas por el empresario para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.
b) Declaración sobre la plantilla media anual de la
empresa y del número de directivos durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente cuando le sea requerido por
los servicios dependientes del órgano de contratación.
c) Indicación de la parte del contrato que el empresario
tiene eventualmente el propósito de subcontratar.
d) Certificados expedidos por los institutos o servicios
oficiales encargados del control de calidad, de
competencia reconocida, que acrediten la conformidad
de dichos servicios.
d) Certificados expedidos por los institutos o servicios
oficiales encargados del control de calidad, de
competencia reconocida, que acrediten la conformidad
de dichos servicios.
De conformidad con el artículo 156.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en procedimientos abiertos de adjudicación de
contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo
general de presentación de proposiciones para los
contratos de obras:
a) No será inferior a treinta días.
b) Será, como mínimo, de veintiséis días.
c) No será inferior a quince días.
d) No será inferior a treinta y cinco días.
d) No será inferior a treinta y cinco días.
Según el artículo 193 de la Ley 9/2017, del 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiera
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo
total para la ejecución del contrato, la Administración
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por:
a) La resolución del contrato o por la imposición de
penalidades diarias en la proporción de 0,50 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido.
b) La resolución del contrato o por la imposición de
penalidades diarias en la proporción de 0,50 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
c) La resolución del contrato o por la imposición de
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido.
d) La resolución del contrato o por la imposición de
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
d) La resolución del contrato o por la imposición de
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para el
cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las
operaciones financieras se someterán al principio de:
a) Prudencia financiera.
b) Uniformidad.
c) Importancia relativa.
d) Devengo.
a) Prudencia financiera.
No integran el presupuesto general de las entidades
locales a que se refiere el articulo 164 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo:
a) Los estados de previsión de ingresos y gastos de las
sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca
mayoritariamente a la entidad local.
b) Los presupuestos de los organismos autónomos de
carácter administrativo.
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las
sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca
íntegramente a la entidad local.
d) Los presupuestos de los organismos autónomos de
carácter comercial, industrial, financiero o análogo.
a) Los estados de previsión de ingresos y gastos de las
sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca
mayoritariamente a la entidad local.
De acuerdo con el artículo 40 del RD 500/1990, de
20 de abril, la aprobación de transferencias de crédito
entre distintos grupos de función será competencia:
a) Del órgano que señala las bases de ejecución del
presupuesto.
b) Del Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a
créditos de personal.
c) Del presidente de la entidad.
d) De la Junta de Gobierno Local, salvo cuando las bajas
y las altas afecten a créditos de personal.
b) Del Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a
créditos de personal.
De conformidad con el artículo 190 del Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, los
perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán
obligados a justificar la aplicación de las cantidades
percibidas en el plazo máximo de:
a) 2 meses.
b) 3 meses.
c) 1 mes.
d) 6 meses.
b) 3 meses.
Conforme al artículo 191 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
RDL 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales
deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto
antes del día:
a) 1 de marzo del ejercicio siguiente.
b) 15 de mayo del ejercicio siguiente.
c) 1 de junio del ejercicio siguiente.
d) 1 de octubre del ejercicio siguiente
a) 1 de marzo del ejercicio siguiente.
Conforme al artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre , de contratos del sector público, a los efectos
de esta Ley, por presupuesto base de licitación se
entenderá:
a) El límite máximo de gastos que en virtud del contrato
puede comprometer el órgano de contratación,
incluyendo el IVA, excepto disposición en contrario.
b) El límite máximo de gastos que en virtud del contrato
puede comprometer el órgano de contratación,
excluyendo el IVA, excepto disposición en contrario.
c) El importe total, sin incluir el IVA, pagadero según sus
estimaciones, incluyendo las eventuales prórrogas del
contrato.
d) El importe total, incluyendo el IVA, pagadero según
sus estimaciones, incluyendo las eventuales prórrogas
del contrato.
a) El límite máximo de gastos que en virtud del contrato
puede comprometer el órgano de contratación,
incluyendo el IVA, excepto disposición en contrario.
A efectos del control de los reglamentos la cuestión
de ilegalidad supone, según el artículo 27 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa:
a) Que sin necesidad de plantear la cuestión de
ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier
disposición general cuando, en cualquier grado, conozca
de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de
aquella norma.
b) Que cuando el Juez o Tribunal competente para
conocer de un recurso contra un acto fundado en la
invalidez de una disposición general lo fuere también
para conocer del recurso indirecto contra ésta, la
sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición
general.
c) Que cuando un Juez o Tribunal de lo Contenciosoadministrativo
hubiere dictado sentencia firme
estimatoria por considerar ilegal el contenido de la
disposición general aplicada, podrá plantear la cuestión
de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer
del recurso directo contra la disposición.
d) Que la falta de impugnación directa de una disposición
general o la desestimación del recurso que frente a ella
se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los
actos de aplicación
a) Que sin necesidad de plantear la cuestión de
ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier
disposición general cuando, en cualquier grado, conozca
de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de
aquella norma.
El artículo 53 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
de Expropiación Forzosa, dispone que el acta de
ocupación se extenderá a continuación de:
a) La toma de posesión.
b) El pago.
c) La determinación del justiprecio.
d) El acuerdo de necesidad de ocupación.
b) El pago.
