EXAMEN C1 parte 1 (1-10) Flashcards

1
Q

El preámbulo de la Constitución Española comienza con: “La Nación española, deseando establecer …”

A) la igualdad, la libertad y la seguridad…
B) la justicia, la libertad y la seguridad…
C) la justicia, la libertad y la igualdad…
D) la justicia, la libertad y la convivencia democrática…

A

B) la justicia, la libertad y la seguridad…

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2
Q

Según el art. 53 de la Constitución Española, con respecto a los derechos reconocidos en el artículo 30 de la misma:

A) cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de esos derechos ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.

B) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

C) cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de esos derechos, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

D) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos.

A

D) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos.

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3
Q

¿Cuál de las siguientes Comisiones forma parte actualmente de las Comisiones Permanentes Legislativas del Congreso de los Diputados?

A) Comisión de Fomento.

B) Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

C) Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

D) Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

A

B) Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

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4
Q

Según el art. Cuarto, apartado 3 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ¿le corresponde al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera de una entidad vinculada a un partido político inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior?

A) Sí, siempre que se considere vinculada cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

B) No porque los partidos políticos no forman parte del sector público según lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo.

C) No porque en lo que se refiere a entidades, solo le corresponde la fiscalización de las cuentas y la gestión económica de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

D) No porque en dicho apartado solamente se establece la fiscalización de la actividad económico- financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, y no de sus entidades vinculadas.

A

A) Sí, siempre que se considere vinculada cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

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5
Q

Con respecto al sistema de acceso especial a la autonomía establecido en el art. 151.1 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

B) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por la mayoría de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

C) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría de los votos válidamente emitidos de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

D) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mitad del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

A

A) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

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6
Q

Cuál de las siguientes competencias no viene recogida en el art. 149.1 de la Constitución Española, como competencia exclusiva del Estado?
A) Régimen aduanero.
B) Régimen arancelario.
C) Iluminación de costas y señales marítimas. D) Asistencia social.

A

D) Asistencia social.

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7
Q

¿En qué fecha se firmó el Tratado de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas?

A) 12 de junio de 1986.
B) 1 de enero de 1986.
C) 12 de junio de 1985.
D) 1 de enero de 1985.

A

C) 12 de junio de 1985.

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8
Q

¿Cuál de las siguientes fuentes del derecho derivado de la Unión Europea NO tiene carácter obligatorio?

A) Reglamentos.
B) Directivas.
C) Dictámenes.
D) Decisiones.

A

Decisiones

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9
Q

Indique en qué fecha se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía.

A) 23 de mayo de 1982.
B) 28 de febrero de 1981.
C) 21 de junio de 1982.
D) 30 de diciembre de 1981.

A

A) 23 de mayo de 1982.

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10
Q
  1. Con respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una cuarta parte de sus miembros, o a las Cortes Generales.

B) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.

C) La Junta de Andalucía someterá a referéndum la reforma en el plazo máximo de seis meses, una vez sea ratificada mediante ley orgánica por las Cortes Generales que llevará implícita la autorización de la consulta.

D) Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento o por las Cortes Generales, o no es confirmada mediante referéndum del cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta que hayan transcurrido tres años.

A

C) La Junta de Andalucía someterá a referéndum la reforma en el plazo máximo de seis meses, una vez sea ratificada mediante ley orgánica por las Cortes Generales que llevará implícita la autorización de la consulta.

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